El Gobierno pretende que personas de a pie queden notificadas sin notificación individual de un plazo improrrogable de un mes para defenderse en temas gravísimos, un plazo que además se ha inventado el propio Gobierno, y que empieza a correr tras una publicación en el Boletín Oficial del Estado en un sábado y encima dentro de una norma que, según su título, trata de algo absolutamente diferente.