Los trabajadores de los centros residenciales aragoneses que opten por no vacunarse contra la covid tendrán que pagar de su bolsillo la prueba diagnóstica a la que deben someterse cada 72 horas para probar que son negativos y evitar la propagación. Esta medida, adoptada por el Gobierno aragonés para frenar que la sexta ola entre los geriátricos, indica que los profesionales que trabajan en ellos están «obligados» a asumir el coste de la PCR cuando el hecho de no estar inmunizados obedezca a una decisión propia.