Los contratos que hasta seis ministerios político-administrativos del Estado firmaron en el año 2013 no estaban suficientemente justificados, según el tribunal de cuentas. El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda reitera que cada uno de los ministerios y sus organismos dependientes no justificaron adecuadamente la necesidad del objeto de "numerosos" contratos y que los razonamientos utilizados en los expedientes para defender la contratación eran "excesivamente genéricos".