El Consejo de ministros de Industria de los países de la UE han adoptado una posición común; ahora tendrán que negociarla con el Europarlamento. La propuesta contempla, entre otras cosas, que la Comisión Europea pueda sancionar directamente a los fabricantes que incumplan la normativa. La multa sería de hasta 30.000 euros por vehículo.