Las adjudicaciones han sido a la oferta económica más baja; la oferta económica estaba valorada con un 60% frente al 40% de la suma de los proyectos educativo, social y de gestión. Este criterio se repite en los concursos públicos de las administraciones de España, lo que se traduce en una constante competición a la baja que acaban ganando los grandes grupos como Clece, Aralia, Grupo Norte… con las que los pequeñas pymes ya no pueden competir. Los bajos sueldos y la precariedad laboral acaban siendo una consecuencia inevitable.