Algunos de los críticos del proyecto de ley argumentaron que se debería exigir al F.B.I. que obtenga una orden judicial especial de la FISA antes de utilizar la información recopilada bajo el 702 al investigar a los estadounidenses que pueden estar involucrados en terrorismo, espionaje u otras amenazas a la seguridad nacional. Pero exigir tal orden habría sido innecesario e imprudente.