Access Info Europe solicitó al Ministerio de Justicia español información acerca de lo que había hecho para aplicar la Convención de la ONU contra la Corrupción y la Convención de la OCDE contra el soborno. La solicitud de información se presentó el 14 de junio de 2007 y nunca fue contestada. Después de un largo proceso legal, que se ha dilatado durante cinco años, el 22 de mayo de 2012, el Tribunal Supremo dictaminó que no hubo violación del derecho de acceso a la información y los condena a pagar 3000€.