Para muchas cuestiones, la Administración pública funciona con el peculiar criterio de que "lo que no es de nadie, es del Estado". Esto es especialmente evidente en el espectro radioeléctrico, en el que todos los Gobiernos han ejercido una nacionalización de hecho y no permiten que nadie haga uso de frecuencias disponibles sin obtener su autorización ni, en numerosas ocasiones, pasar por el trámite de tener que pagar grandes cantidades de dinero.Sin embargo, para el Ejecutivo no prima el interés del consumidor.