A las ocho de la mañana, Clara Martínez, una vecina de Granada, tuvo que entregar a un funcionario judicial las llaves de la vivienda que ha ocupado desde hace 22 años. La mujer, de 61 años, abandonó la casa pacíficamente, en medio de un despliegue policial insólito para ejecutar una orden de desahucio que afectaba a una única inquilina.