Carmen tiene una sentencia a su favor por despido improcedente que no se ejecuta. La Junta de Andalucía, de la que depende el orqanismo que la echó, no sólo no acata el fallo sino que hace mutis por el foro. La Administración le adeuda más de 60.000 euros. En unos meses acaba su prestación por desempleo y carece de recursos para mantener a sus hijos y el techo donde viven en alquiler.