CCOO entiende que existe una vulneración de la libertad sindical en su vertiente del derecho a la negociación colectiva, así como incumplimiento del artículo 37.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), y que se produce por una decisión unilateral de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, que otorgó un incremento salarial a determinado personal funcionario -curiosamente los de más alto nivel- sin haber procedido previamente a, tan siquiera, reunirse con las organizaciones sindicales.