Iñaki Urdangarín ha encontrado un aliado inesperado en el Consejo General del Poder Judicial. El sector más cercano a Alberto Ruiz Gallardón, encabezado por su presidente, Gonzalo Moliner, está tratando de poner trabas a la investigación del juez mallorquín José Castro, instructor del caso Nóos, que precisamente la semana pasada se desplazó a Madrid para aclarar los pagos que la Fundación Madrid 2016, impulsada por el actual ministro de Justicia, hizo al yerno del Rey por unos trabajos ficticios de los que no queda rastro documental.