La pregunta, que solicita una respuesta textual, pretende arrojar luz tanto sobre las víctimas de este órgano represivo como acerca de los magistrados que formaron parte de él en esos tres lustros; pide la «cuantificación de las penas impuestas según cada uno de los delitos cometidos», que divide entre «rebelión, sedición, asociación, reunión y propaganda ilegal y desórdenes públicos» y los «destinos posteriores que tuvieron los jueces de este Tribunal en la Administración tras su paso por el Tribunal de Orden Público».