La modificación legal deja en manos de la Consejería de Medio Ambiente la competencia para iniciar de oficio cualquier proyecto que considere oportuno y, si es de excepcional relevancia para el desarrollo social o económico de Castilla y León, tramitarlo como ley en el parlamento autonómico sin que exista posibilidad de apelar a los tribunales. Se preparan diversos recursos de inconstitucionalidad contra esta norma.