A tres bandas. La Diputación de Ourense pagaba la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde ponía terrenos municipales gratis y la empresa de otro alcalde baltarista se quedaba con el asilo tras finalizar la obra. El negocio parecía redondo, hasta que llegó la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU) de la Xunta y tumbó el proyecto. La crisis también hizo lo suyo.