El Gobierno está estudiando dar un plazo de dos años a las entidades que decidan cargar las mayores exigencias de provisiones por la depreciación de sus activos inmobiliarios sobre los beneficios, y un periodo inferior para las que detraigan del capital. La última Comisión Delegada de Asuntos Económicos acogió favorablemente la posibilidad de flexibilizar los plazos para engordar el colchón contra pérdidas a base de resultados con el fin de evitar que las entidades entren en 'números rojos'.