El Gobierno no deja de insistir en que la reforma financiera no costará dinero público, pero con respecto al banco malo, la sociedad gestora que comprará los activos más dañados de la banca para sanearla, el Ejecutivo baja el tono y habla más bien de “minimizar” la carga para el contribuyente. Porque la recuperación de la inversión pública dependerá de la capacidad de este nuevo ente de obtener beneficios y no existe empresa alguna capaz de asegurar algo así.