Un año en blanco por un error burocrático que nadie en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid detectó ni después ha sabido aclarar. El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha estado enviando oficios y reclamando información durante 12 meses sobre las actividades en Castilla y León de ocho de las más importantes empresas investigadas al Gobierno de Canarias, que, obviamente, nada tiene que ver con el caso.