La intención de este borrador es que los proveedores de Red sean los encargados de, por un lado, retirar contenidos denunciados por los titulares de los derechos de autor -sin perjuicio de que una autoridad judicial o administrativa pueda también solicitarlo-. Por otro lado, y también a petición de los titulares de derechos que den "razones válidas" sobre presuntas violaciones de dichos derechos, los proveedores de Red se verían obligados a revelar la identidad de un usuario.