A cambio de los dos años extra para el déficit, Bruselas ha impuesto al Gobierno una docena de reformas con fechas límite, con medidas peliagudas como una nueva vuelta de tuerca a las pensiones (que puede terminar en una rebaja de prestaciones a final de año), una evaluación de la reforma laboral con las consiguientes medidas si es necesario (en septiembre de 2013), y decreta nuevas subidas fiscales (IVA y carburantes en marzo de 2014).