Según un informe hecho público hoy de la Comisión Europea remitido al Consejo, Bruselas está sopesando reducir el tiempo de conservación de los datos de las telecomunicaciones, que los operadores están obligados a retener -entre seis meses y dos años- para investigaciones sobre terrorismo u otros delitos graves, con el fin de garantizar una mejor protección del derecho a la intimidad. El informe concluye que no se ha demostrado su utilidad en la persecución de acciones delictivas.