El enfrentamiento entre el Estado y la Junta de Andalucía por la venta de la finca gaditana de La Almoraima aumenta. El Ministerio de Medio Ambiente, que no renuncia a la privatización del latifundio, ha acusado este lunes al Ejecutivo de Susana Díaz de ampliar la protección de la zona sin "criterio alguno relativo a valores medioambientales". "Dichos terrenos de la finca constituyen una superficie dedicada a regadíos, agricultura de secano y pastos, que no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial"