Se trata de un nuevo servicio de reclamación de multas que deberán ofrecer las empresas de renting de vehículos contratadas en la nueva licitación por Metro Madrid, para aquellas interpuestas a coches usados por sus empleados públicos. Una pescadilla que se muerde la cola, al ser policías (el Estado o municipios) los que ponen la multa, y ser Metro, otro ente público, el que las recurrirá todas forzosamente a partir de ahora.