Por mucho que se sospechara, no había pruebas: ahora sabemos fehacientemente que el Estado se ha servido de graves trasgresiones para combatir al independentismo. Si el silencio cínico de la prensa española o los formalismos judiciales dejan esta infección sin cauterizar, los grandes perdedores seremos los que, como yo mismo, arriesgamos por lealtad constitucional el prestigio y el estatus en nuestro entorno.