La Fiscalía acusa al empresario José Luis P. O. de un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave, al haberse producido el accidente porque la cadena que se utilizaba carecía de mecanismo de seguridad. Pide dos años de cárcel y una indemnización de 150.000 euros para la madre del trabajador fallecido. La defensa solicita la libre absolución.