La Comisión Europea cree que ha llegado el momento de poner coto a la interpretación abusiva que muchas empresas hacen de la ley para reducir su factura fiscal. Con la falta de ingresos públicos como trasfondo, los Estados se muestran ahora más receptivos a intentar frenar unas prácticas que laminan enormemente los pagos de las compañías por sus beneficios.