Para el abogado experto en la Red David Bravo, la inclusión del término 'daño patrimonial' supone una "ampliación del espectro" de los usuarios que podrían verse afectados por esta medida, puesto que incluye a aquellos que no tengan ánimo de lucro. "Ahora será la comisión la que decida sobre la intención de las personas. ¿Cómo se valora eso?", preguntó.