Las organizaciones sociales presentan una propuesta para desarrollar el bono social eléctrico que, con las limitaciones legales actuales, proteja a los hogares en situación de vulnerabilidad. Consideran así mismo que es necesario superar el marco legal vigente para que la protección sea efectiva tanto en el ámbito eléctrico como en consumos de gas y otros combustibles y proponen la elaboración de una Ley contra la Pobreza Energética.