Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), cuya presidencia ostenta Esperanza Aguirre, menos relajación y más investigación antes de financiar proyectos, como el destinado a un programa medioambiental relacionado con guardabosques en Colombia. Según esas organizaciones, hay evidencias de que los recursos han sido utilizados por grupos paramilitares.