El Constitucional avala que un juzgado catalán no traduzca los documentos al castellano, rechazando el recurso de amparo del abogado castellano parlante que se vió discriminado. Según el juez de Vic el demandante, cliente del abogado, tenía que costear la traducción de documentos del pleito del catalán al castellano, pese a que la ley establece su traduccion gratuita y la co-oficialidad del castellano.