“La opaca gestión de la venta de terrenos públicos”, prosiguen los ecologistas, “está poniendo en riesgo un patrimonio natural que abarca casi 171.000 hectáreas de montes de utilidad pública y cerca de 50.000 hectáreas de otros terrenos de titularidad pública que cumplen importantes funciones sociales y medioambientales. Entre estos últimos figuran las parcelas de reemplazo procedentes de permutas de vías pecuarias y numerosas fincas con monte natural o repoblado”.