El plan se puso en marcha hace 10 años, durante el mandato del PSOE. Consistía en que las personas mayores cedieran el usufructo de sus viviendas en el corazón de la ciudad a cambio de obtener una vivienda social, habilitada y con los servicios necesarios para estos mayores con movilidad reducida. Una especie de intercambio vitalicio, nunca como dueños. Todo cambió cuando la vivienda pública pasó a manos de un fondo buitre. Pérez decidió no asumir el pago agravando la situación hasta una situación límite..