El Defensor del Pueblo ha acusado a cuatro Ministerios --Hacienda, Justicia, Transportes y Universidades--, a cuatro comunidades autónomas --Canarias, Cataluña, Madrid y País Vasco --, a la ciudad autónoma de Melilla y a 136 entidades locales de ser administraciones "no colaboradoras" con este organismo en 2022 al demorarse en responder los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.