La oficina del defensor del Pueblo ha iniciado una investigación sobre las razones que han motivado el traslado de los más de 300 discapacitados y ancianos que el gobierno de Madrid dispuso ayer. El detonante fue el cierre sin previo aviso de tres centros de discapacitados dependientes de la Comunidad de Madrid. Delfina Muelas, una anciana de 102 años, murió poco después de llegar a su nueva residencia. Otros mayores sufrieron "desorientación" y casi todos "lloraron al despedirse porque llevaban más de 20 años allí".