Entre 2005 y 2007 el ayuntamiento de Gijón, gobernado por PSOE e IU, aprobó el actual Plan General de Ordenación Urbana, que provocó manifestaciones conocidas como "marchas verdes" que reunieron hasta 10.000 vecinos y llevaron a algunos a plantear demandas judiciales. Hoy el T.S. de Justicia de Asturias ha dictaminado que debido a «el deficiente período de información pública», «la falta de documentos esenciales», «el deficiente estudio económico y financiero» y la falta de una evaluación de impacto ambiental se «determina la nulidad del plan».