Aigua és Vida, la plataforma denunciante que aglutina a entidades ecologistas, vecinales, sindicales y de solidaridad, se basa en una sentencia de 2010 que advertía que el servicio que presta esta empresa privada es “ilegítimo” porque nunca ha pasado por concurso público. Pese al veredicto, Ayuntamiento de Barcelona y Área Metropolitana de Barcelona firmaron posteriormente un nuevo contrato basado en este servicio. La operación ha provocado hasta cinco contenciosos administrativos que han conseguido frenar el proceso.