(C&P) En España, el derecho al agua también se está convirtiendo en un negocio en manos de unas pocas empresas privadas al estar multiplicándose de forma alarmante los procesos de privatización de los suministros de agua potable, lo que significa que a pesar de que el agua sigue siendo pública, la gestión de su suministro es adjudicada a una empresa privada, con lo que estas empresas logran hacerse con un mercado local sin ningún tipo de competencia, es decir, un monopolio con unos clientes seguros y permanentes.