El uso abusivo de la fuerza que ejerce la policía al practicar las detenciones y el trato violento y humillante recibido por parte de algunos manifestantes bajo custodia policial es muy preocupante, al igual que la falta de investigación exhaustiva e imparcial sobre los hechos. En 2013, el Gobierno inició un procedimiento para reformar el Código Penal e introducir un anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana. Ambos textos afectan gravemente al derecho de reunión pacífica en España.