La pugna por la caza se puede constatar en el seno del propio Gobierno. Mientras el Ministerio de Derechos Sociales trata de impulsar una Ley de Protección Animal que obligue a los cazadores a regularizar las condiciones de vida y cría de sus perros, el Ministerio de Agricultura aprueba un borrador de una estrategia nacional en la que, entre muchas cosas, se reclama que las condiciones de vida de los canes de las rehalas se regulen en otra normativa.