El túnel del AVE a Francia, las ocho autopistas de peaje en quiebra y el almacén de gas Castor son los últimos grandes ejemplos de socialización de pérdidas privadas. Esta semana, Enagás ha asegurado que tiene "garantizada" la inversión de 380 millones en una regasificadora parada y declarada ilegal por el Supremo en caso de que se desmantele. España vuelve a tropezar con la misma piedra y la lista de infraestructuras promovidas por el sector privado que van a tener que rescatar los contribuyentes sigue creciendo.