España, verano de 2002. El ministerio de Fomento, con Álvarez Cascos a la cabeza, decide apagar las farolas que iluminan las autovías en tramos no urbanos para ahorrar energía. El Gobierno no lo comunica al Parlamento, no lo cuenta en rueda de prensa, no se sabe siquiera si la medida llega a discutirse en el Consejo de Ministros. Se pone en marcha, y punto. Se apaga la luz. Es probable que no lo recuerden porque no hubo ningún gran debate nacional. La mayoría de los ciudadanos no se enteró; tampoco la mayoría de la prensa.