A principios de abril saltaba una noticia tan alarmante como extraña. Un juzgado británico realizaba un embargo cautelar de las cuentas del Instituto Cervantes en Londres y de una agencia de la Generalitat de Catalunya a petición de un fondo de inversión. El viernes 21 de abril, se daba un nuevo paso más estrambótico todavía al conocerse que el fondo declaraba a España en default (impago técnico), una situación que se da cuando un país está en quiebra y no puede hacer frente a sus pagos de deuda.