Todos somos iguales ante la ley. Este principio consagrado ya en la Revolución Francesa es el que el Servei Català de Trànsit quiere hacer valer en lo que se refiere a las sanciones impuestas a vehículos extranjeros merced a los controles de velocidad con radares fijos. Este organismo lleva años planteándose cómo cobrar las multas a los conductores de fuera de España que se saltan los límites con la única prueba de la foto captada por estos aparatos. El año pasado, unas 130.000 sanciones cayeron en saco roto.