La detención el pasado 8 de enero de otro independentista gallego volvía a sacar a la luz pública las sombras de la legislación anti-terrorista española. Un titular de un medio de derechas recogía en portada días después: “Preocupa el brote violento de anarquistas e independentistas radicales. Interior incrementará los efectivos antiterroristas en Galicia”. Líneas que resumen la desinformación y alarma social con que el Estado español pretende intimidar a los movimientos populares, y que a día de hoy se salda con ocho personas en prisión