La sentencia del Tribunal Militar Central que condenó a Luis Gonzalo Segura por denunciar la corrupción dentro del Ejército no sólo pretende que la disciplina militar limita el derecho a la libertad de expresión amparada por el Artículo 20.1 de la Constitución, sino que se acoge a la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, a la que el teniente jamás perteneció.