La Fiscalía de Gipuzkoa acusa a cuatro de los quince guardias civiles procesados de torturar a Igor Portu y Mattin Sarasola mientras permanecieron incomunicados en sus manos tras ser detenidos en enero de 2008. Pide entre tres y dos años de prisión frente a las penas de entre diecisiete y seis años que reclaman las acusaciones particulares para los quince guardias civiles. La Fiscalía no aprecia indicios de delito en otros cinco procesados, por lo que no ha formulado acusación contra ellos.