En plena Guerra Fría, la coordinación de la Junta de Gobierno instaurada en 1979, en manos del izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), representaba para la nueva administración republicana una amenaza. Bajo ese argumento, Reagan decidió desplegar una de las políticas intervencionistas más duras sobre Centroamérica para frenar la consolidación del FSLN en Nicaragua. Los grupos armados de oposición ("contras"), pasaron a estar respaldados por la Casa Blanca, a pesar de la oposición del Congreso de Estados Unidos.