Como se recordará, la joven, que se había destacado como líder estudiantil en la isla de Gran Canaria, fue denunciada por un policía nacional tras su participación en una protesta que tuvo lugar frente al Rectorado de la ULPGC en 2012, que concluyó con una carga de los "antidisturbios" y varios heridos de diversa consideración. El magistrado ha desestimado las acusaciones del agente que, a través del abogado de la Confederación Española de Policía, pedía para la joven cuatro años de cárcel y 1.670 euros de multa por "gastos de ortodoncia".