El movimiento del juez tenía por finalidad que Puigdemont no pudiera acogerse a una ley de Amnistía que excluyera los delitos graves de terrorismo. El terremoto que produjo en plena negociación la decisión del juez tuvo un resultado próximo al bochorno: García Castellón había dictado una prórroga fuera de plazo, las defensas se percataron, y la Audiencia Nacional tumbó toda la instrucción. Por el camino, cascadas de titulares en los medios de comunicación y el aplauso de la derecha política y mediática.
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¿La solución?
Llamarle delito grave de terrorismo a lo que sea.
ESTO es la justicia española.
Os guste o no su ideología o lo que quiere hacer, es de justicia que se repare el mal que se ha hecho. Y como a el a miles de independentistas como el.