La ley ómnibus que patrocina el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso desde diciembre incluye un cambio legal que permitiría al PP y a Vox controlar la Cámara de Cuentas, el organismo que fiscaliza sus contratos y gastos. Desde 2019, los integrantes de este ente público eran elegidos por dos tercios de la Asamblea, lo que obligaba a un pacto entre todos los partidos sin posibilidad de desbloqueo en caso de desacuerdo.